Rescate de las radiales madrileñas: más madera para Podemos

Medido su índice muscular con las recientes protestas callejeras por la pobreza energética, que causa dramas como el fallecimiento de una mujer de 81 años en Reus (Tarragona), asfixiada en un incendio provocado por las velas con las que tenía que iluminarse después de que le cortaran la luz, Podemos va a ver alimentada su disposición a la queja y al reproche, con el proyecto de rescate al que el gobierno va a someter a las radiales madrileñas tras constatarse su inviabilidad por la falta de tráfico.
El Ministerio de Fomento parece que ha entrado en la última fase para dar una solución a las autopistas radiales R-3 y R-5, consistente en el recate de las citadas vías de peaje, lo que puede suponer un desembolso para las arcas públicas de cerca de 900 millones de euros, según cálculo del administrador concursal, cuyo informe parece que ya ha sido entregado al gobierno.
Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y varios centenares de millones pendientes de pago por expropiaciones, muchos de ellos en discusión y con unos sobrecostes extraordinarios, la concesionaria de estas radiales se apresta a ceder los trastos a la administración pública a cambio del pago correspondiente fijado por la administración concursal.
Como no podía ser de otra manera, el procedimiento se ajusta a la norma, siendo el principal coste el apuntado por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, partida que según el administrador busca “evitar el enriquecimiento injusto que se produciría en el supuesto de que la Administración obtuviese todas las obras incluidas en la concesión sin que la concesionaria recibiese contraprestación alguna”.
La solución final que se va a dar a la quiebra de estas dos primeras autopistas radiales de Madrid, da alas a la línea argumental de Podemos que ha sido repetida hasta la saciedad, según la cual el sistema y la casta bendice la vieja teoría de que los beneficios se privatizan mientras las pérdidas se socializan, ignorando lo señalado por la Justicia, que pone en evidencia la crítica situación patrimonial de la sociedad Accesos de Madrid, participada ACS, Sacyr, Abertis y Bankia.
El auto ilustra el desequilibrio financiero aludiendo a que el tráfico de las autopistas R-3 y R-5 es solo un 16% del proyectado a la hora de firmar las concesiones, por lo que la sociedad concesionaria solo ha podido sobrevivir a través de los continuos “impagos” a sus acreedores.
La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con Borrell como ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado y ejecutado con José María Aznar en el gobierno. Los estudios realizados en su momento ponían de manifiesto que las nueva autopistas absorberían “al menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían millones de pesetas en tiempo y gasolina. Todo ventajas.
El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirmó que además, las adjudicatarias debían hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.

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