La EBA desbanca a España como reino de la chapuza

24 horas después de que la Autoridad Bancaria Europea (EBA), ente independiente fundado el 1 de enero de 2011, como parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, señalara a la banca española como la peor capitalizada de Europa, se la tuvo que envainar y corregir el mayúsculo error, elevando la solvencia de la banca española del 9% al 10%. El capital medio de alta calidad de la banca europea es de un 12%.
El desliz o metedura de pata de la EBA tiene su origen en la “doble contabilización de las deducciones de capital”, según explicaron funcionarios de la autoridad bancaria, lo que refleja la incompetencia de de algunos de ellos, a los que alguien debería pedir responsabilidades sobre los errores cometidos y que tuvo sus consecuencias en las entidades más perjudicadas, hasta el punto de que algunos bancos emitieron sus correspondientes hechos relevantes para aclarar sus ratios.
Por entidades, el error más destacado fue el cometido con La Caixa (Criteria-CaixaBank), cuyo capital de máxima calidad era, según la EBA, del 7,5%, cuando debía ser del 9,6%. En el caso de Santander, su ratio de capital era de 9,83% al finalizar el primer semestre de 2015, muy superior al 7,94% concedido por la EBA. Lo mismo sucede con Sabadell cuyo ratio de capital fully loaded es del 9,8% y no del 9,4% publicado. Popular también se quejó de que su solvencia era superior al 7,92% de EBA y se situaba en el 8,51%

Post-it
La EBA, forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera que incluye tres autoridades sectoriales -la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados- y la Junta Europea de Riesgo Sistémico. El objetivo principal del sistema es asegurar que las reglas de aplicación al sector financiero se implementan adecuadamente, con el fin de preservar la estabilidad financiera.
Dentro de este marco, y con vistas a mejorar el funcionamiento del Mercado Único, la EBA contribuye supuestamente a asegurar un alto nivel de regulación y supervisión del sistema bancario, que sea efectivo y consistente en toda la Unión Europea promoviendo, además, la estabilidad del sistema financiero, la transparencia de los mercados y productos financieros y la protección de los depositantes e inversores.

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